Derecho inmobiliario

Los gastos de notaría para una compra inmobiliaria representan de media entre el 7 y el 8 % del precio de venta para un inmueble usado, y entre el 2 y el 3 % para un inmueble nuevo (VEFA). Comprenden los derechos e impuestos abonados al Estado (alrededor del 80 %), los desembolsos (gastos realizados por cuenta del cliente) y la remuneración del notario, regulada por decreto. Maître Capdevila le entrega una estimación detallada desde el inicio del expediente.

Sí, por supuesto. Cada parte, tanto el comprador como el vendedor, puede designar a su propio notario. En este caso, ambos notarios colaboran en el expediente y comparten los honorarios, sin coste adicional para el cliente. Es incluso recomendable, para asegurarse de que sus intereses estén defendidos por su propio asesor.

El plazo habitual es de 2 a 3 meses entre la firma del contrato de arras y la escritura pública. Este plazo permite realizar las verificaciones jurídicas (situación hipotecaria, urbanismo, diagnósticos), obtener la financiación bancaria y purgar los eventuales derechos de tanteo. Puede reducirse si todas las condiciones se cumplen rápidamente.

La escritura pública es un documento redactado por un funcionario público (el notario) que le confiere una fuerza probatoria y ejecutoria de la que carecen los documentos privados. Para las compraventas inmobiliarias es obligatoria: sin ella, la transmisión de la propiedad no es oponible frente a terceros y no puede inscribirse en el registro de la propiedad.

El notario verifica la regularidad jurídica del inmueble (título de propiedad, servidumbres, hipotecas, urbanismo), pero no realiza una inspección física del bien. Los vicios ocultos son responsabilidad del vendedor. Por ello, los diagnósticos inmobiliarios obligatorios (certificado energético, amianto, plomo, etc.) se anexan a la escritura y el notario verifica su realización.